La noche del viernes 18 de julio, Benny Palmeri-Bacchi iba camino a unas vacaciones en el maravilloso mundo de Disney en Orlando, cuando fue arrestado por agentes de la agencia antidrogas DEA en el aeropuerto internacional de Miami y llevado ante un tribunal federal por delitos de tráfico de cocaína, obstrucción de la justicia, lavado de dinero y extorsión.
Palmeri-Bacchi es
abogado, era juez en Venezuela y se le acusa de impedir la deportación
de uno de los narcos colombianos más buscados entre 2009 y 2010, con
ayuda del entonces jefe de la Oficina de Interpol en Caracas.
Palmeri se había dedicado al negocio de los alimentos en estos últimos años: era directivo de la Cámara de empresarios venezolanos del Mercosur y propietario de media docena de empresas en el sur de Florida y en Venezuela. Ya era lo que los venezolanos de ambas orillas llaman un boliburgués: un miembro de la nueva oligarquía que floreció a la sombra del chavismo y que lo mismo que las anteriores, conserva el gusto de invertir en Miami su súbita -y con frecuencia mal habida- riqueza.
El origen de estas nuevas fortunas venezolanas es diverso: bien pueden provenir del narcotráfico y el lavado de dinero, como sospechan las autoridades federales en el caso del exjuez Palmeri; o de la corrupción que crece al amparo de la bonanza petrolera, en especial, de los contratos con el Estado y del control de cambio establecido en 2003 justamente para evitar la fuga de capitales. El exministro de Finanzas, Jorge Giordani, admitió en enero que solo entre 2012 y 2013 el Estado entregó $ 20.000 millones para importaciones, a precios preferenciales, a empresas de maletín. Parte de ese dinero ha venido a parar a Florida y ha contribuido a la recuperación del mercado inmobiliario.
Esta gran inyección de capital venezolano ha llegado por dosis. Las más altas y recientes han sido las de los exbanqueros afines al Gobierno que cayeron en las intervenciones de entidades bancarias y casas de bolsa de 2009; las de los jóvenes empresarios de la antigua oligarquía caraqueña favorecida por el poder, conocidos como los 'bolichicos', entre 2009 y 2013; las de militares y funcionarios de rango medio que corrieron a resguardar "sus ahorros" cuando el presidente Hugo Chávez enfermó de cáncer en 2011; y la de altos cargos caídos en desgracia que pactaron con la justicia de Estados Unidos a cambio de información sobre los manejos turbios del chavismo. Otros siguen aún conectados con la administración del presidente Nicolás Maduro y compran, invierten y vacacionan en Florida, y algunos legisladores floridianos creen que Washington debe sancionarlos con firmeza, tanto por sus fraudes como por su responsabilidad en las denuncias de violación a los derechos humanos.
"Estos violadores de derechos humanos tienen sus inversiones en Estados Unidos. Cuando roban dinero en Venezuela, a menudo utilizan 'empresas-fachada' y testaferros para invertir ese dinero en nuestra economía, sobre todo en Florida. No hay ninguna razón en el mundo por la que no deberíamos ir tras estas personas por lo que han hecho", dijo el senador republicano de Florida, Marco Rubio, cuando el Congreso discutió sin resultados la moción de aprobar sanciones contra estos funcionarios. El grueso de los demócratas se resistió hasta el 30 de julio, cuando el Gobierno de Barack Obama anunció unilateralmente que revocaría y denegaría visados a un grupo de altos cargos venezolanos, considerados "responsables o cómplices" de la represión a las protestas contra Nicolás Maduro.
Palmeri se había dedicado al negocio de los alimentos en estos últimos años: era directivo de la Cámara de empresarios venezolanos del Mercosur y propietario de media docena de empresas en el sur de Florida y en Venezuela. Ya era lo que los venezolanos de ambas orillas llaman un boliburgués: un miembro de la nueva oligarquía que floreció a la sombra del chavismo y que lo mismo que las anteriores, conserva el gusto de invertir en Miami su súbita -y con frecuencia mal habida- riqueza.
El origen de estas nuevas fortunas venezolanas es diverso: bien pueden provenir del narcotráfico y el lavado de dinero, como sospechan las autoridades federales en el caso del exjuez Palmeri; o de la corrupción que crece al amparo de la bonanza petrolera, en especial, de los contratos con el Estado y del control de cambio establecido en 2003 justamente para evitar la fuga de capitales. El exministro de Finanzas, Jorge Giordani, admitió en enero que solo entre 2012 y 2013 el Estado entregó $ 20.000 millones para importaciones, a precios preferenciales, a empresas de maletín. Parte de ese dinero ha venido a parar a Florida y ha contribuido a la recuperación del mercado inmobiliario.
Esta gran inyección de capital venezolano ha llegado por dosis. Las más altas y recientes han sido las de los exbanqueros afines al Gobierno que cayeron en las intervenciones de entidades bancarias y casas de bolsa de 2009; las de los jóvenes empresarios de la antigua oligarquía caraqueña favorecida por el poder, conocidos como los 'bolichicos', entre 2009 y 2013; las de militares y funcionarios de rango medio que corrieron a resguardar "sus ahorros" cuando el presidente Hugo Chávez enfermó de cáncer en 2011; y la de altos cargos caídos en desgracia que pactaron con la justicia de Estados Unidos a cambio de información sobre los manejos turbios del chavismo. Otros siguen aún conectados con la administración del presidente Nicolás Maduro y compran, invierten y vacacionan en Florida, y algunos legisladores floridianos creen que Washington debe sancionarlos con firmeza, tanto por sus fraudes como por su responsabilidad en las denuncias de violación a los derechos humanos.
"Estos violadores de derechos humanos tienen sus inversiones en Estados Unidos. Cuando roban dinero en Venezuela, a menudo utilizan 'empresas-fachada' y testaferros para invertir ese dinero en nuestra economía, sobre todo en Florida. No hay ninguna razón en el mundo por la que no deberíamos ir tras estas personas por lo que han hecho", dijo el senador republicano de Florida, Marco Rubio, cuando el Congreso discutió sin resultados la moción de aprobar sanciones contra estos funcionarios. El grueso de los demócratas se resistió hasta el 30 de julio, cuando el Gobierno de Barack Obama anunció unilateralmente que revocaría y denegaría visados a un grupo de altos cargos venezolanos, considerados "responsables o cómplices" de la represión a las protestas contra Nicolás Maduro.
MAYE PRIMERA - El País
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