Piratas asaltaron a punta de fusil a 300 bañistas en Arapito

Siete hombres fuertemente armados asaltaron este viernes al mediodía a unos 300 bañistas que disfrutaban de un día de sol en playa Arapito, situada a unos 15 kilómetros de Puerto La Cruz, en los límites entre Sucre y Anzoátegui.

Los sujetos, quienes portaban fusiles R-15 (armas de guerra), llegaron a bordo de un peñero llamado “Jakera”, a eso de las 12:00 del día y comenzaron a disparar al aire. 
Hombres, mujeres y niños se asustaron tanto que se escucharon gritos como sacados de una película de terror,   relataron algunos testigos.   

Los hampones, usando pasamontañas, le ordenaron a todas sus víctimas mantener la calma, pues de lo contrario “correría sangre”. En actitud violenta uno de los sujetos, de  voz muy ronca, le exigía a los ciudadanos abrir los bolsos y entregar sus pertenencias.

Mientras el resto de los delincuentes apuntaba a los  bañistas, uno de ellos revisaba decenas de carteras y bolsos de playa. Algo tembloroso, el antisocial colocaba dentro de un saco curtido  los objetos de valor, entre los que se encontraban celulares y tabletas, según contó uno de los presentes.
También robaron dinero en efectivo, cuya cifra no fue precisada, y hasta los documentos de propiedad de los vehículos. Incluso, un testigo comentó que se llevaron un perrito de raza que le quitaron de las manos a una niña.     

Rosa Acosta, una  comerciante quien lleva más de 10 años laborando en el balneario, fue testigo presencial del suceso. Aún estupefacta por lo vivido, manifestó que los dueños de los kioscos llamaban a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) para pedir auxilio, pero supuestamente nunca llegaron.

“Los choros actuaron a sus anchas”, afirmó Acosta en tono de molestia. Añadió que  los asaltantes estuvieron  una hora en el área y ninguna autoridad  se presentó para ayudarlos. 
A  la  1:00 pm la situación aún no terminaba. El peñero en el que llegaron los ladrones no encendía  y eso avivó los   nervios de los ladrones. El grupo delictivo sometió  a un pescador conocido cariñosamente como Cheo, lo  despojaron de su embarcación “Cinco Hermanos”  y luego huyeron a altamar.

Los temporadistas también se marcharon en estampida, aterrorizados. Mientras que los lugareños, afectados por lo ocurrido, decidieron cerrar la troncal 9 para exigir seguridad.
Troncos, cauchos y hasta cachivaches fueron  colocados en la vía nacional. Los vecinos hicieron una cadena humana para evitar el paso  vehicular.  

“El cuquín’ es el responsable”, decían a viva voz algunos moradores. Según los residentes, este es el nombre del integrante una banda de piratas de mar que presuntamente viven en playa Colorada y mantienen azotada a la población.
  
El habitante Róger Acosta aseveró que en la zona hay sujetos que se dedica al robo de peñeros y yates en   Arapo. “Los  hemos  denunciado ante las autoridades y  nada”.  

A  la protesta se presentaron efectivos de la Policía de Sucre y la Guardia Nacional, quienes mediaron con los ciudadanos.
Sobre el caso se pronunció Gabriel Laclé, presidente de la Cámara de Turismo de Anzoátegui, quien afirmó que esta situación  es  una muestra más de que los planes de seguridad no funcionan.
Dijo que le parece insólito que a plena luz del día y en una zona tan concurrida no haya habido ninguna autoridad para  resguardara a los visitantes.   

Indicó que, de acuerdo con reportes, los antisociales  utilizan  peñeros  con motores  45 o 75, muy rápidos, para cometer los atracos.  “Había escuchado que abordan los yates, cuan piratas, pero no había conocido de robos como el de hoy (ayer)”.
Al parecer, también asaltan a personas que salen de Plaza Mayor, en un día de tour.

En la mira
El teniente coronel  Jhon Winston Cárdenas, comandante del  Destacamento de Vigilancia Costera N°  52 de la  GNB, conoció del suceso y ordenó la búsqueda inmediata de los responsables. En la noche saldrían dos lanchas del componente castrense. Manejan información de que se trata de bandas  procedentes de  Punta Araya y  Arapito (Sucre).

Apuntó  que no darán tregua y recordó que en lo que va de diciembre han procesado 27  actas penales sobre irregularidades en las costas, desde Boca de Uchire hasta Chacopata.

Fuente: eltiempo.com.ve

Más de 3 mil arrestos arbitrarios tras protestas de febrero

Gabriela Espinoza F. 

La libertad estuvo restringida durante el 2014. Las 3 mil 500 detenciones arbitrarias que se registraron en el país luego de las protestas del 12 de febrero en rechazo a los lineamientos del Gobierno nacional, son una prueba de ello. De esta cifra, 2 mil personas están bajo régimen de presentación.

Estas detenciones se ejecutaron sin una orden judicial. El abogado Rafael Narváez reveló estos datos y explicó que las leyes venezolanas establecen que los individuos que son encarcelados deben ser notificados, por lo que considera que los apresados por estas manifestaciones fueron testigos de tratos crueles e inhumanos por parte de la Guardia Nacional Bolivariana y otros cuerpos de seguridad del Estado.

Estos casos se registraron en centros policiales y destacamentos militares, sin que la víctima se comunicara con su abogado. El defensor de los Derechos Humanos rechazó que se realizaran audiencias de presentación en estos espacios, cuando son los jueces de la jurisdicción los que están en la capacidad de llevarlas a cabo.

Luego de los sucesos de febrero el Poder Judicial publicó una sentencia en la que exponía que las protestas debían contar con un permiso por parte de las alcaldías para ser ejecutadas, lo que impidió el derecho a la manifestación, establecido en el artículo 68 de la Carta Magna.

En este apartado también se plantea la prohibición del uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas, algo que no se cumplió, además de la regulación de la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público.

La norma también deja mucho que desear frente al derecho a la vida, contrastado con el registro de al menos 24 mil homicidios en el país este año, perpetrados en su mayoría con armas de fuego. A esto se suman las muertes de funcionarios de seguridad en manos del hampa, cuya cifra extraoficial supera los 300.

Sólo el 2% de estos casos fue a juicio. El abogado también cuestionó que los exalcaldes de San Cristóbal y de San Diego, Daniel Ceballos y Enzo Scarano, respectivamente, no enfrenten un juicio justo.

Para asumir la defensa de las víctimas que han sido vulneradas se debe tener poderes públicos independientes. Sin embargo, el especialista explicó que éstos le han dejado al Ejecutivo las labores de investigación penal y la responsabilidad de sancionar el delito. Por ello criticó la reelección de Luisa Ortega Díaz como Fiscal General de la República.

Rafael Narváez observó que la Defensoría del Pueblo estuvo ausente este año en casos sobre la libertad y el derecho a la vida. Aseveró que la impunidad alcanzó el 98%, por lo que responsabilizó al Ministerio Público y al Poder Judicial de incumplir las leyes.

A la violación de derechos se suman 400 empleados de empresas públicas acusados por protestar y hacer un reclamo justo. Además de los 189 periodistas detenidos por ejercer su profesión y la libertad de expresión vulnerada con la compra de medios.

El defensor explicó que la escasez de medicamentos se considera como una violación a la salud de cada habitante. Lamentó que la Asamblea Nacional no investigue estas situaciones.

De no cambiarse estos sistemas, considera que el año 2015 será muy complicado. Insistió en la necesidad de que cada ciudadano exija sus derechos.

Fuente: El Carabobeño