Aumenta la cifra. Con la detención de María Magaly Contreras, de 55
años de edad, se eleva a siete el número de usuarios de Twitter que
enfrentan un proceso judicial por “opiniones inadecuadas” publicadas en
la red social. A través de la cuenta @marletmaga, la ama de casa zuliana
compartía con sus más de tres mil seguidores sus “predicciones”, pues
se autodenomina “vidente”, reseña La Verdad.
Trascendió que Contreras recibió una llamada telefónica en la que un
supuesto funcionario del organismo de intelgencia del Estado le notificó
que el mayor de sus dos hijos se encontraba detenido. Al llegar a la
sede del Sebin, ubicada al norte de la ciudad de Maracaibo, la dama fue
retenida.
Instigación e intimidación pública fueron los dos delitos imputados a
la ama de casa zuliana, detenida el pasado lunes por el Servicio
Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Como si se tratase de una
especie de “patrón” a seguir, a la dama le dictaron privativa de
libertad, además de su reclusión en la sede del Sebin en el Helicoide,
tal como sucedió con los otros tuiteros detenidos. Su traslado se
efectuó la mañana de ayer.
Lisseth Mogollón, abogada defensora de la madre de familia, catalogó
el proceso como “una violación a los principios básicos de la libertad
de expresión”.
Rechazó además que la detención por parte del Sebin haya sido el
resultado de denuncias de un grupo de usuarios de la red social.
“La activación de los órganos de seguridad del Estado por medio de
señalamientos públicos y anónimos nos da la idea de un manejo
tergiversado de la información, lo que a su vez conlleva a un
procedimiento judicial carente de todo fundamento, y la posible
recriminación contra ciudadanos de manera injustificada”.
Infundir temor
A juicio de Alfredo Romero, director ejecutivo de Foro Penal
Venezolano (FPV), la “ola de detenciones” a tuiteros en el país es una
medida que busca infundir temor en los usuarios de la red social que
opinan públicamente en contra del actual Gobierno.
El defensor de los derechos humanos explica que de existir alguna
falta por parte de los imputados, los delitos señalados no corresponden a
una privativa de libertad.
“Pareciera que lo que busca el Gobierno es atemorizar a la población
en cuanto a los mensajes que emiten, por ser hacer referencia a una
determinada tendencia política (…). Están utilizando el sistema de
justicia para perseguir políticamente a un sector opuesto al actual
Gobierno”.
Fuente: LaPatilla.com
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